El campo «aprieta»

El campo español se encuentra en peligro de extinción, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural. Las protestas de los agricultores y ganaderos de las últimas semanas tienen claramente un detonante económico: pero no es difícil detectar bajo las cifras de pérdidas denunciadas un enorme malestar por la pérdida de peso del campo en la vida nacional; y más allá se observa con facilidad una profunda crisis de identidad que afecta al modo tradicional de vivir la vida rural.
La crisis actual, con miles de agricultores en la calle y bloqueando carreteras por toda España, es desde este punto de vista apartidista. Representa un episodio más de la tensión entre el campo y la ciudad, agudizada en la modernidad. Pero que sea apartidista no significa que no sea política. Las reivindicaciones de los agricultores tienen una parte económica -la defensa de su competitividad frente a productos llegados de otros países-, una parte social -el olvido del campo en las grandes cuestiones políticas nacionales- y una parte cultural -el abandono e incluso la hostilidad hacia las profesiones tradicionalmente asociadas al campo, desde la caza y la pesca hasta la ganadería.
En este último punto el choque es evidente con al menos la mitad del gobierno, la representada por Podemos, con su carácter profundamente urbanita y postmoderno. La contradicción entre la vida diaria de los agricultores en la calle y las líneas generales de la política social y económica el gobierno llevan a aquellos a un choque directo contra las políticas del gobierno.
La apuesta encabezada por Pablo Iglesias y secundada por otros ministros socialistas de animar a los agricultores a «apretar» en sus movilizaciones implica por parte del Gobierno una suposición y un objetivo. La suposición es que las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos se limitan al campo de las prestaciones económicas, que una vez solucionadas a través de subsidios o ayudas se colocarían de manera existosa. El objetivo para ello parece pasar por azuzar al mundo rural contra las grandes empresas, los mayoristas y las distribuidoras: si el problema del campo español está en estas tres figuras de la economía, nada más lógico que incrementar la presión fiscal sobre estos grandes de la alimentación, para satisfacer las necesidades de los agricultores. Esta es la razón por la que el gobierno parece quererse ponerse de parte de los agricultores frente al supuesto enemigo común, las grandes distribuidoras de alimentación. Es la traslación de la lucha de clases a la relación entre el campo y la ciudad.
Esta estrategia del gobierno, encabezada otra vez por Pablo Iglesias, resulta enormemente arriesgada. Por un lado, dejando que sea él quien encabece la respuesta a esta crisis, el Partido Socialista le proporciona el protagonismo deseado. Por otro lado, las respuestas que el vicepresidente del Gobierno da al campo son distintas a las que el campo está pidiendo. El campo no pide que el gobierno acose a impuestos a las grandes empresas de la alimentación, sino que elabore una política más amplia que pase por reconocer el valor del campo, cuidar el papel que juega en la sociedad española, y fomentar las culturas y tradiciones propias del empleo y del mundo rural. Cualquier subsidio formaría parte de esta lógica más amplia. Pero esto es justo lo que Pablo Iglesias y Podemos son incapaces de dar.
Los primeros compases de esta crisis, las primeras movilizaciones, han demostrado tres cosas: uno, que el Gobierno no tiene un plan que no sea el de Podemos para enfrentar la criais; dos, que los agricultores y ganaderos distan mucho de parecer rendirse pronto. En la memoria está el origen de la crisis de los chalecos amarillos, que antes de convertirse en un choque continuo con la policía en el centro de París, fue ante todo una rebelión del mundo rural contra las imposiciones del mundo urbanita, ecologista, feminista y animalista; y tres, que los agricultores cuentan con el apoyo de gran parte de la sociedad española, que ve con simpatía las reivindicaciones.
Así las cosas, más le valdría a Pedro Sánchez buscar cuanto antes una aproximación distinta a la crisis de las protestas del campo, antes de que éstas se enquisten y arrastren a su gobierno a unas consecuencias poco previsibles

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